Escándalo en la ex ANDIS: denuncian sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados e insumos que nunca llegaron
Documentos presentados ante la Justicia por el Ministerio de Salud y Alejandro Vilches detallaron diferencias millonarias respecto de compras realizadas por otros organismos. También señalaron productos importados más caros y de menor durabilidad que alternativas nacionales.
El Ministerio de Salud y Alejandro Vilches, saliente secretario de Discapacidad, presentaron ante la Justicia documentación sobre compras de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que incluiría sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados, productos importados más costosos y de menor durabilidad que alternativas nacionales e insumos que figuraban como entregados pero que nunca habrían llegado a sus beneficiarios.
Los informes técnicos, revelados por La Nación, analizaron operaciones realizadas por el organismo y compararon algunos de los precios abonados con compras de productos similares efectuadas por otras dependencias públicas, principalmente el PAMI.
En los documentos, los responsables del análisis calificaron las diferencias detectadas como “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”.
Uno de los informes fue firmado el 15 de octubre de 2025, menos de dos meses después del inicio del escándalo por los audios atribuidos al entonces director de ANDIS, Diego Spagnuolo. El segundo documento está fechado el 10 de abril.
Vilches ya había señalado en octubre que su intervención realizaba un análisis de documentación, expedientes y procedimientos “orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades”. También había advertido sobre observaciones que “podrían configurar apartamientos a las normas”.
Diferencias millonarias en válvulas e implantes
Entre las operaciones analizadas aparece un pago de $425 millones realizado el 8 de julio de 2025 a Farma Salud por un sistema de válvulas bicaval transcatéter.
El informe comparó ese monto con una adquisición realizada por el PAMI el 25 de marzo del mismo año. En esa operación, el organismo adjudicó a Siprotec SA el mismo sistema por un valor unitario de $124,2 millones, menos de un tercio del precio señalado para la ex ANDIS.
También se analizaron compras a Farma Salud de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible. Según la comparación incluida en el documento, la diferencia entre lo facturado a ANDIS y los precios pagados por PAMI a otros proveedores llegó al 711%.
Otro de los casos corresponde a implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta.
El precio promedio abonado fue de US$62.613 por unidad, mientras que otra adjudicación realizada en septiembre estableció un valor de US$12.125 por unidad para una compra por volumen. La referencia de mercado utilizada por el informe ubicaba el mismo producto alrededor de los US$16.975.
“El incremento alcanza los US$45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado”, sostuvo Vilches en el escrito.
Una factura que habría sido pagada dos veces
Los documentos también pusieron el foco sobre operaciones realizadas con Indecomm.
La empresa concentró seis facturas emitidas a la ex ANDIS durante noviembre y, según el análisis, una de ellas por $28,7 millones habría sido abonada en dos oportunidades.
Otra diferencia significativa apareció en la adquisición de un neuroestimulador.
Según los técnicos, Neurosalud recibió $132,4 millones en junio de 2025 por ese dispositivo. Un mes antes, el PAMI había adquirido el mismo tipo de neuroestimulador implantable bilateral, con batería no recargable, por $41,5 millones por unidad.
La diferencia señalada en el informe fue del 219%.
Productos importados más caros y de menor durabilidad
El segundo informe, firmado en abril, también identificó lo que definió como “errores de categorización técnica”.
El documento señaló la facturación de unidades C01 por valores de entre $11 millones y $14,9 millones cuando, por la patología de los pacientes, habrían correspondido unidades D01 con Tilt, cuyos precios de referencia oscilaban entre $1,3 millones y $2,3 millones.
Los técnicos sostuvieron además que algunas necesidades terapéuticas podían cubrirse con equipamiento fabricado en Argentina, que ofrecía “superior durabilidad y ajuste anatómico” a un costo menor.
“La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, señalaron.
Figuraba como entregada, pero el paciente no había recibido la prótesis
Otro de los casos incluidos corresponde a un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis por una amputación.
En la documentación aparecía un remito firmado por la madre del beneficiario que indicaba que el producto había sido entregado. Sin embargo, el relevamiento posterior determinó que la prótesis no había llegado al paciente.
“Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien”, explicó el informe.
La documentación también incorporó una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%. Sin embargo, desde la Ortopedia Bernat señalaron que, al menos hasta mayo, esa factura permanecía impaga.
Según la explicación consignada, originalmente se había contemplado un equipamiento de mayor complejidad y finalmente se entregó uno más sencillo, pero el proceso administrativo continuó con el valor correspondiente al producto inicialmente adjudicado y no al efectivamente entregado.
Los informes se incorporaron a la investigación judicial
Los documentos presentados por Vilches fueron incorporados a la causa junto con un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Ese organismo también había identificado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones realizadas dentro de la propia ANDIS.
A partir de esos elementos, el fiscal federal Franco Picardi enfocó su acusación sobre un presunto sistema de licitaciones limitado, con una menor cantidad de oferentes y diferente al mecanismo de compulsas recomendado por las autoridades.