Causa $LIBRA: buscan apartar a dos jueces de Casación y se complica la definición sobre el cierre de la investigación
El empresario Mauricio Novelli recusó a la camarista Ángela Ledesma por su relación con una organización que intervino en el expediente. Por otra parte, un inversor damnificado cuestionó a Guillermo Yacobucci por el cargo que ocupa su hijo en el Ministerio de Justicia. El tribunal debe resolver si los querellantes pueden impugnar los sobreseimientos.

La causa $LIBRA sumó un nuevo conflicto judicial después de que dos de los tres integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal fueran recusados cuando deben resolver una cuestión que podría permitir reabrir la investigación por el lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei.
Los planteos buscan apartar a los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, aunque fueron presentados por partes enfrentadas y con argumentos diferentes.
El empresario Mauricio Novelli, uno de los imputados que resultaron sobreseídos, cuestionó a Ledesma por sus vínculos institucionales con una organización que impulsó medidas de investigación en el expediente.
En cambio, Juan Patricio Marchetto, quien se presentó como damnificado por la operación con el criptoactivo, pidió apartar a Yacobucci debido a que su hijo ocupa un cargo de relevancia dentro del Ministerio de Justicia.
La controversia se produjo mientras Casación analiza la situación procesal de los inversores que solicitaron intervenir como querellantes. Una resolución favorable a ese reclamo les permitiría cuestionar el sobreseimiento de los imputados.
El expediente investiga presuntas maniobras de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias relacionadas con $LIBRA, el token que Milei promocionó desde su cuenta de X el 14 de febrero de 2025.
Después de esa publicación, el valor del activo digital se desplomó y quienes habían invertido registraron pérdidas.
Por qué la causa $LIBRA todavía podría reabrirse
El 23 de octubre de 2026, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de todos los imputados a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
La resolución alcanzó a Javier y Karina Milei, Mauricio Novelli, Hayden Davis y las demás personas investigadas.
Sin embargo, la decisión todavía no quedó firme.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la exclusión de los particulares que se habían presentado como damnificados y pretendían intervenir en el proceso como querellantes.
Esa medida fue respaldada por el fiscal Taiano, el juez Martínez de Giorgi y los camaristas federales Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.
A comienzos de noviembre, la Sala II de Casación admitió un recurso presentado por los inversores para que se revise su exclusión del expediente.
La decisión contó con los votos de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia.
Ahora, el tribunal debe definir si los particulares pueden recuperar su condición de querellantes.
De obtener una resolución favorable, estarían habilitados para impugnar los sobreseimientos con legitimación propia.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) también apeló la decisión de cerrar la investigación.
Por ese motivo, las recusaciones adquirieron relevancia: si alguno de los magistrados resulta apartado, cambiará la integración del tribunal encargado de resolver el reclamo.
Novelli pidió apartar a Ledesma por su vínculo con una ONG
Mauricio Novelli presentó una recusación contra Ángela Ledesma con el patrocinio del abogado Daniel Rubinovich.
El empresario cuestionó la relación institucional de la camarista con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una organización que intervino públicamente en asuntos relacionados con la investigación.
En su presentación, Novelli sostuvo que el INECIP y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitaron en cinco oportunidades que distintas personas fueran citadas a prestar declaración indagatoria.
Entre esos pedidos figuró uno presentado en julio de 2025 para que se convocara al presidente Javier Milei.
Las solicitudes no prosperaron porque el fiscal Eduardo Taiano no las admitió.
El imputado también mencionó la vinculación entre ambas organizaciones y recordó que el CIPCE pidió intervenir como querellante en el expediente.
Sobre esa base, argumentó que existe una “vinculación institucional actual y documentada” entre Ledesma y el INECIP.
No obstante, en el propio escrito reconoció que la magistrada no participa de las deliberaciones internas de la organización ni interviene en la elaboración de sus posicionamientos públicos.
La recusación se presentó después de que Ledesma votara a favor de admitir el recurso de dos inversores que reclamaban ser reconocidos como querellantes.
Otro aspecto que rodea la situación de la camarista es su continuidad en el Poder Judicial.
Ledesma tiene 74 años y se aproxima al límite de edad previsto para permanecer en el cargo. Para continuar en funciones durante otro período de cinco años necesitaría que el Gobierno enviara su pliego al Senado.
Un damnificado recusó a Yacobucci por el cargo de su hijo
El segundo planteo fue presentado por Juan Patricio Marchetto, con el patrocinio de los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois.
En este caso, el cuestionamiento se dirige al camarista Guillermo Yacobucci y se fundamenta en la situación laboral de su hijo, Ignacio Yacobucci.
Según la presentación, la Disposición 439/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre, designó al exdirector de la Unidad de Información Financiera (UIF) al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Se trata de un puesto de libre designación que depende directamente de la Unidad Ministro del Ministerio de Justicia.
El nombramiento se produjo aproximadamente un mes antes de que Martínez de Giorgi resolviera sobreseer a los imputados en la causa $LIBRA.
Ignacio Yacobucci había dejado la conducción de la UIF en enero de 2025, después de un enfrentamiento con el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Posteriormente regresó a esa cartera con la llegada de Mahiques.
Para los abogados de Marchetto, el vínculo familiar debe ser analizado porque el hijo del camarista ocupa un cargo dentro del ministerio que también tiene bajo su órbita organismos vinculados con cuestiones examinadas en el expediente.
Entre ellos mencionaron la unidad de investigación creada mediante el Decreto 114/2025 y la Oficina Anticorrupción (OA).
Los argumentos de la querella sobre el Ministerio de Justicia
La presentación contra Yacobucci también recuperó actuaciones y declaraciones relacionadas con el tratamiento judicial del caso.
En junio de 2025, la Oficina Anticorrupción concluyó que el presidente Javier Milei no había infringido la Ley de Ética Pública por su intervención en la promoción de $LIBRA.
Ese dictamen fue considerado posteriormente en la resolución que dispuso los sobreseimientos.
Los abogados también recordaron declaraciones del ministro Mahiques, quien calificó de “imprudencia” acusar a Milei de participar en una estafa.
Además, el funcionario consideró “sumamente grave” la filtración de los peritajes realizados sobre el teléfono celular de Mauricio Novelli.
Según la presentación, ese último argumento también fue utilizado por el juez de primera instancia al fundamentar el cierre de la investigación.
La querella aclaró que su recusación no constituye un cuestionamiento a la honorabilidad de Guillermo Yacobucci ni a su voto en disidencia.
Por el contrario, sostuvo que el planteo se apoya en una circunstancia posterior: la designación de su hijo en el Ministerio de Justicia.
Para respaldar esa diferencia, recordó que los mismos tres jueces de la Sala II ya habían intervenido anteriormente en el expediente sin recibir recusaciones.
El 29 de abril de 2025 rechazaron un recurso de Novelli contra la incorporación de querellantes y el 23 de octubre de ese año participaron en una discusión relacionada con un embargo.
Los representantes de Marchetto también se diferenciaron del planteo presentado contra Ledesma, al considerar que ese cuestionamiento respondió al sentido de su voto y no a la aparición de un hecho nuevo.
Quiénes resolverán las recusaciones y qué jueces podrían intervenir
Con dos de los tres integrantes de la Sala II cuestionados, la resolución sobre su continuidad deberá quedar en manos de una integración diferente del tribunal.
Alejandro Slokar es el único magistrado de esa sala que no fue recusado.
Para analizar los pedidos de apartamiento, deberán incorporarse otros dos jueces mediante un sorteo entre los integrantes de Casación.
Uno de los magistrados que podría resultar seleccionado es Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia.
La situación presenta otra particularidad: el ministro es superior jerárquico de Ignacio Yacobucci, cuyo nombramiento constituye el fundamento de una de las recusaciones.
Además, Carlos Mahiques y su hijo participaron del viaje a Lago Escondido en octubre de 2022.
Por el momento, no está definido quiénes completarán el tribunal ni si prosperará alguno de los pedidos de apartamiento.
La Procuraduría también busca cuestionar el sobreseimiento
Mientras se resuelven las recusaciones, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pretende intervenir en el expediente para revisar el cierre de la causa.
La PIA cuestiona el alcance de la investigación desarrollada bajo la intervención del fiscal Eduardo Taiano.
En paralelo, los inversores que se consideran perjudicados por $LIBRA buscan recuperar su participación como querellantes.
Su argumento central es que decidieron invertir en el criptoactivo después de la publicación realizada por Milei el 14 de febrero de 2025.
El reconocimiento de esa condición procesal les permitiría recurrir los sobreseimientos, independientemente de las actuaciones impulsadas por la PIA.
Así, la investigación por $LIBRA permanece sin una resolución firme, pese a que el juez de primera instancia dispuso el sobreseimiento de todos los imputados.
La próxima definición de Casación será determinante para establecer si los particulares pueden continuar interviniendo en el proceso y cuestionar judicialmente su cierre.
Antes de llegar a esa instancia, el tribunal deberá resolver las recusaciones contra Ledesma y Yacobucci, que podrían modificar la composición de la sala encargada de decidir el futuro del expediente.

