Dictaron prisión preventiva para una banda acusada de robos en Urca y Nueva Córdoba

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para dos integrantes de una banda acusada de cometer robos domiciliarios bajo la modalidad conocida como "escruche" en distintos sectores de la ciudad. La organización, que operaba principalmente en Urca y Nueva Córdoba, fue investigada por la Fiscalía de Instrucción N° 15, a cargo de Juan Pablo Klinger.

Según la causa, el grupo actuaba de manera coordinada y seleccionaba viviendas o departamentos cuando sus propietarios no se encontraban presentes. Los investigadores sostienen que antes de cada golpe realizaban tareas de observación, analizaban movimientos y organizaban la logística necesaria para concretar los robos y escapar rápidamente con los elementos sustraídos.

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue la forma en que la Justicia logró reconstruir los movimientos de los sospechosos. Todo comenzó a partir del robo en departamentos ubicados sobre calle Menéndez Pidal, donde una de las víctimas recibió una alerta en tiempo real de su sistema de seguridad. Posteriormente activó la geolocalización de una tablet robada, que permitió ubicar el dispositivo en una vivienda de barrio Las Violetas.

Ese dato fue determinante. Los investigadores realizaron allanamientos y encontraron el aparato electrónico denunciado, además de un vehículo que había sido captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones de los robos. A partir de allí se analizaron teléfonos celulares y comunicaciones que permitieron identificar a los demás integrantes de la organización y reconstruir la planificación de los hechos.

Entre los imputados aparecen Ignacio Atelman, Ricardo Calderón y Dylan Cornejo. De acuerdo con la resolución judicial, dos de ellos cuentan con antecedentes penales de relevancia. En el caso de Calderón, incluso se encontraba bajo un régimen de libertad condicional al momento de ser investigado por estos hechos.

La pesquisa también reveló que los acusados buscaban principalmente dinero en efectivo, joyas, computadoras, tablets y otros dispositivos tecnológicos de alto valor de reventa. Según la fiscalía, el grupo utilizaba un Renault 9 para movilizarse entre distintos barrios de la ciudad y evaluar posibles objetivos.

Además, durante el análisis de los teléfonos secuestrados surgieron conversaciones en las que los sospechosos hacían referencia a la banda como una especie de "empresa". Para los investigadores, esos mensajes reflejan un grado de organización que excede la comisión aislada de delitos y refuerzan la acusación por asociación ilícita.

La resolución judicial sostiene que existen riesgos procesales concretos para los imputados, tanto por antecedentes previos como por la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación. Por ese motivo, la Justicia dispuso que permanezcan detenidos mientras avanza la causa por asociación ilícita y robo calificado.