Revés para Milei: la Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó el financiamiento universitario
El juez federal Martín Cormick ordenó aplicar de inmediato la ley sancionada y ratificada por el Congreso. Consideró que el Ejecutivo utilizó un “mecanismo extraconstitucional” para suspender su ejecución y exigió garantizar fondos para salarios, becas y funcionamiento.
La Justicia Federal declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 con el que el Gobierno de Javier Milei suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó ejecutar de inmediato la norma aprobada por el Congreso.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo recurrió a un “mecanismo extraconstitucional” que funcionó como una nueva instancia de veto no contemplada por la Constitución Nacional.
La sentencia intimó al Gobierno a garantizar los recursos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas. Según estimaciones del sistema universitario, la aplicación de la ley implicaría una recomposición salarial cercana al 33%.
La administración nacional había promulgado formalmente la Ley 27.795, pero suspendió su ejecución bajo el argumento de que el Congreso dispuso aumentos salariales y presupuestarios sin precisar de dónde surgirían los recursos necesarios para financiarlos.
Cormick rechazó ese planteo y señaló que el artículo 9° de la propia norma estableció herramientas para que el Ejecutivo reasigne partidas y pueda cumplir con lo dispuesto por el Congreso.
Un conflicto que llegó hasta la Corte Suprema
El conflicto judicial comenzó después de que los rectores presentaran una acción de amparo contra el Estado por la suspensión de la ley.
En una instancia anterior, Cormick ya había ordenado aplicar los artículos 5 y 6, vinculados con las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló, pero la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar.
El Ejecutivo llevó posteriormente el planteo a la Corte Suprema, que dejó firme la cautelar favorable a las universidades.
A ese reclamo se sumó una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para incorporar también la actualización de los gastos de funcionamiento, incluidas las partidas destinadas a hospitales universitarios y ciencia.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Milei la vetó, pero ambas cámaras insistieron posteriormente con la norma.
El Gobierno otorgó un incremento salarial del 21,33% para junio y otro 3% adicional en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no aplicó el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni la partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a hospitales universitarios.
Presupuesto 2027 y una nueva Marcha Federal Universitaria
La disputa también se trasladó al proyecto de Presupuesto 2027. El Gobierno contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores calcularon que serían necesarios $11 billones para ajustarse a la Ley de Financiamiento Universitario.
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los recursos previstos mantienen en términos reales un nivel 24,9% inferior al presupuesto de 2023.
Los rectores llevaron nuevamente su reclamo al Congreso y comenzaron reuniones con diputados y senadores para solicitar modificaciones al proyecto.
En paralelo, los gremios docentes y no docentes rechazaron el aumento del 3% ofrecido por el Gobierno en las reuniones paritarias de septiembre y convocaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
La movilización, ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “en defensa de la universidad pública argentina”, finalmente tendrá como destino el Congreso. La fecha coincidirá con la sesión especial que sectores de la oposición buscan realizar en Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023.