El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desestimó el recurso presentado por la intendenta para detener el procedimiento impulsado por vecinos. La Junta Electoral Municipal deberá verificar las firmas y determinar si se cumplen los requisitos para avanzar.
21 de octubre de 2026
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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba rechazó el recurso presentado por la intendenta de Mendiolaza, Adela Mercedes Arning, para frenar el proceso de revocatoria de su mandato. La resolución permitió que el procedimiento continúe, aunque todavía no implica una convocatoria a referéndum ni una eventual destitución.
El máximo tribunal provincial ratificó el criterio de la Cámara Contencioso-Administrativa y dispuso que la Junta Electoral Municipal retome el trámite para determinar si se cumplen las condiciones legales necesarias para avanzar con la iniciativa.
El proceso comenzó a principios de año, cuando un grupo de vecinos de Mendiolaza inició una campaña de recolección de firmas para solicitar la remoción anticipada de la jefa municipal.
El reclamo estaría vinculado con el incremento del costo de los servicios municipales. Frente a esa iniciativa, Arning cuestionó la validez de las firmas y recurrió a la Justicia para intentar detener el procedimiento.
La mayoría de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia consideró que la presentación de la intendenta no reunía los requisitos técnicos necesarios para habilitar la instancia extraordinaria de casación.
Además, los magistrados descartaron que la Cámara Contencioso-Administrativa hubiera dictado una resolución arbitraria o carente de fundamentos.
Otro de los argumentos de la defensa estuvo relacionado con una supuesta vulneración del derecho de defensa de Arning.
Sin embargo, el TSJ rechazó ese planteo al señalar que el procedimiento todavía se encuentra en una etapa inicial, destinada exclusivamente a verificar el cumplimiento de las exigencias legales.
En consecuencia, la revocatoria aún no fue declarada formalmente promovida.
La resolución judicial tampoco establece que deba realizarse automáticamente una consulta popular. Esa posibilidad dependerá de lo que determine la Junta Electoral Municipal después de analizar las firmas y los demás requisitos del mecanismo.
El avance del procedimiento también está condicionado por los plazos institucionales.
Según la información disponible, Arning tiene mandato hasta el 10 de diciembre, por lo que el tiempo restante podría influir en la posibilidad de completar el proceso antes de esa fecha.
Si se concretara una salida anticipada de la intendenta, el reemplazo correspondería al presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Medrano.
El conflicto también generó pronunciamientos desde el Gobierno provincial. En su momento, el ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, manifestó su desacuerdo con la iniciativa vecinal.
El funcionario cuestionó la posibilidad de “judicializar la política” y sostuvo que esa situación “le hace mucho daño a la institucionalidad”.
Por ahora, la continuidad de Arning al frente del municipio no fue modificada por la resolución judicial. El próximo paso quedará en manos de la Junta Electoral Municipal, que deberá determinar si el pedido de revocatoria reúne las condiciones legales para avanzar.
