El debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados quedó marcado por las críticas del Gobierno nacional a las autoridades universitarias y un fuerte enfrentamiento entre legisladores que estuvo cerca de terminar en una pelea física.
Durante la reunión de comisión, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la política educativa de Javier Milei, rechazó que exista un recorte presupuestario y cuestionó los resultados académicos de las universidades públicas.
Por su parte, la oposición denunció una reducción de los recursos destinados al sistema universitario y reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025.
La discusión se produjo menos de una semana después de la Marcha Federal Universitaria, que terminó con incidentes.
El Gobierno cuestionó a los rectores y defendió el presupuesto universitario
Torrendell sostuvo que el sistema universitario necesita modificar sus criterios de administración y cuestionó a las autoridades que reclaman mayores partidas presupuestarias.
“Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta”, afirmó.
El funcionario aseguró que la educación representa una prioridad para el Gobierno y sostuvo que las universidades concentrarán el 3,8% del gasto total de la administración pública nacional en 2027, una proporción que, según indicó, supera la de años anteriores.
También presentó indicadores sobre el desempeño académico. De acuerdo con los datos que expuso, el 18,7% de los estudiantes de universidades públicas termina su carrera en el tiempo previsto, frente al 48,8% registrado en las instituciones privadas.
En ese contexto, cuestionó la continuidad de las autoridades universitarias frente a esos resultados.
“Les puedo asegurar que ningún rector o decano duraría en el cargo con estos resultados pedagógicos y educativos que tienen sobre la mesa”, expresó.
Torrendell también señaló diferencias en el gasto por estudiante entre instituciones y mencionó ocho universidades que reciben más del doble de recursos por alumno, entre ellas establecimientos de Tierra del Fuego y la Patagonia.
Además, afirmó que la cantidad de docentes pasó de 151.000 en 2010 a 216.000 en 2024, lo que representa un incremento del 43%.
El funcionario cuestionó, asimismo, la expansión del sistema universitario: de las 62 universidades nacionales existentes, 26 fueron creadas entre 2003 y 2023.
Los legisladores opositores rechazaron la presentación y acusaron al Gobierno de utilizar indicadores de manera parcial para justificar su política presupuestaria.
Cruces por los fondos y la Ley de Financiamiento Universitario
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, también apuntó contra las autoridades académicas y los gremios.
“Dicen que nosotros queremos cerrar las universidades pero los rectores y los sindicatos son hasta ahora los únicos que las cierran”, afirmó.
Además, calificó de “fantochada” el presupuesto solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y cuestionó que el reclamo estuviera concentrado en aumentos salariales.
Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Marina Salzman respondió: “Nos encontramos con la justificación del ajuste. Es una pena enorme”.
En tanto, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que los fondos previstos para 2027 no compensan el recorte de casi el 25% que, según señaló, sufrió el sistema universitario durante 2026.
También cuestionó el nivel de ejecución de las partidas correspondientes al año en curso. “Ejecutaron el 32% del presupuesto”, sostuvo.
Por su parte, la diputada radical Mariela Coletta presentó una carta del interbloque Unidos en la que reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El documento sostuvo que los recursos incluidos en el proyecto oficial representan un déficit del 32% respecto de las necesidades de financiamiento.
El diputado misionero Alberto Arrúa también presentó una iniciativa para exigir que el Ejecutivo incorpore al Presupuesto 2027 los fondos necesarios para cumplir con la legislación vigente y recomponer los salarios docentes.
Álvarez respondió que, según la interpretación del Gobierno, la ley no cumple con las disposiciones de administración financiera porque no establece los recursos necesarios para su aplicación.
Además, informó que la Cámara judicial correspondiente aceptó las apelaciones presentadas por el Ejecutivo tanto sobre la suspensión de la norma como sobre una medida cautelar.
Dos diputados casi se van a las manos durante la reunión
La tensión alcanzó su punto más alto cuando Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, y Andrés Leone, de La Libertad Avanza, protagonizaron un enfrentamiento que obligó a intervenir a otros legisladores.
El episodio comenzó mientras el diputado socialista Esteban Paulón cuestionaba a Álvarez por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Paulón intentó explicar las diferencias entre el presupuesto previsto y los recursos reclamados por el CIN, pero el funcionario lo interrumpió.
“No, si está hecho por vos seguro está mal”, le respondió Álvarez.
La intervención generó protestas y gritos en la sala. En medio de esa situación, Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado.
Según relató un legislador de Unión por la Patria, el libertario realizó una referencia ofensiva a la madre de Castagneto.
El diputado opositor desafió a Leone a salir de la sala y luego se acercó a su banca, por lo que otros legisladores debieron intervenir para separarlos.
El presidente de la comisión, Alberto Benegas Lynch, interrumpió momentáneamente el debate para intentar restablecer el orden.
Paulón retomó sus críticas al Gobierno y cuestionó el trato de los funcionarios hacia los legisladores y los manifestantes que participaron de la marcha universitaria.
La oposición pidió escuchar a rectores, docentes y estudiantes
En paralelo al debate, Unión por la Patria solicitó formalmente que la comisión convoque a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, sindicatos docentes, trabajadores no docentes y estudiantes.
El bloque sostuvo que la comunidad universitaria debe participar de la discusión presupuestaria ante los cuestionamientos por el financiamiento del sistema público.
La solicitud fue dirigida a Benegas Lynch, mientras continúa el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027.
De esta manera, la discusión sobre los recursos universitarios permanece abierta, con diferencias entre el Gobierno y la oposición tanto por los montos previstos como por la aplicación de la ley sancionada en 2025.
