Provincias Unidas dejó sin quórum al Gobierno y profundizó la disputa por biocombustibles y la Magistratura
El bloque vinculado a Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro se negó a participar de la sesión en Diputados, que quedó a tres legisladores del número necesario. Los reclamos también alcanzan al Presupuesto 2027, donde el espacio presentó una propuesta alternativa.

El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés en la Cámara de Diputados después de que Provincias Unidas decidiera no aportar quórum, en medio de una creciente disputa por la ley de biocombustibles, la representación en el Consejo de la Magistratura y las negociaciones por el Presupuesto 2027.
La sesión, en la que el oficialismo pretendía avanzar con la reforma del Banco Central, la Ley Malvinas y otros proyectos, quedó frustrada con 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para iniciar el debate.
La Libertad Avanza contaba con el acompañamiento del bloque vinculado a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, pero sus legisladores finalmente no ocuparon sus bancas.
La única excepción dentro de Provincias Unidas fue la diputada cordobesa Alejandra Torres, identificada como la integrante del espacio más cercana al oficialismo nacional.
La decisión profundizó las diferencias entre el Gobierno y un sector de sus aliados parlamentarios, en momentos en que el Ejecutivo busca reunir apoyos para aprobar el Presupuesto y otras iniciativas antes de finalizar el año.
El reclamo por biocombustibles que tensó la relación con Milei
Uno de los principales motivos de la ausencia de Provincias Unidas fue la demora en el tratamiento de la nueva ley de biocombustibles.
La iniciativa ya obtuvo la aprobación del Senado, pero permanece trabada en Diputados por diferencias relacionadas con el tratamiento que recibirían las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel de Buenos Aires.
Desde el entorno de Llaryora consideran que el Gobierno incumplió los compromisos asumidos para avanzar con la norma.
“El punto central de la molestia con el Gobierno es el incumplimiento del acuerdo por la ley de biocombustibles. La demora es innecesaria y no podemos avalar que sigan dilatando”, señalaron desde el cordobesismo.
En ese sector responsabilizan desde hace tiempo al presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, por las dificultades para destrabar el proyecto.
Además, advirtieron sobre las consecuencias económicas de la postergación.
“Son 800 millones de dólares en inversiones reales que se están perdiendo”, cuestionaron.
La falta de avances en esta legislación se convirtió así en uno de los principales puntos de conflicto entre el bloque federal y el oficialismo.
La pelea por un lugar en el Consejo de la Magistratura
El segundo motivo de la decisión de Provincias Unidas fue la disputa con el PRO por una banca en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de intervenir en la selección y el control de los jueces.
El bloque federal postuló al diputado democristiano Juan Brügge, mientras que el PRO pretende mantener en ese lugar a Álvaro González, quien también estuvo ausente durante la sesión.
La discusión gira en torno a quién debe ocupar la representación correspondiente a la tercera minoría de la Cámara de Diputados.
Provincias Unidas cuenta con 18 legisladores, frente a los 12 integrantes del bloque PRO.
Sin embargo, el macrismo integra el interbloque Fuerzas del Cambio, junto con la UCR, el MID y los monobloques de Karina Banfi y José Luis Garrido.
Esa estructura reúne 22 diputados y supera numéricamente a Provincias Unidas.
El espacio vinculado a Llaryora sostiene que la distribución de los lugares debe realizarse según la cantidad de integrantes de cada bloque y no de los interbloques.
“Están violentando institucionalmente la representación de nuestro bloque. Provincia Unidas es la tercera minoría y tiene que ocupar el lugar que le corresponde”, advirtieron desde el peronismo cordobés.
El malestar también alcanza a la falta de respuestas de las autoridades parlamentarias.
“La gota que rebalsó el vaso es que ni siquiera contestan”, agregaron.
Martín Menem quedó en medio de la disputa con el PRO
La resolución del conflicto depende de las decisiones que adopte el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El titular del cuerpo debe elevar los nombres de los cuatro representantes de Diputados al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para que puedan prestar juramento.
Sin embargo, todavía no definió cómo resolver la competencia entre Provincias Unidas y el PRO.
Desde el bloque federal sospechan que Menem podría dejar afuera a Brügge para evitar un enfrentamiento con el partido que conduce Mauricio Macri.
En ese escenario, anticipan que podrían recurrir a la Justicia.
Los legisladores consideran que cuentan con fundamentos legales para reclamar el asiento.
“La ley es clara: habla de bloques y no de interbloques”, sostienen.
Como antecedente mencionan el conflicto judicial de 2022, cuando el radical Mario Negri impulsó una presentación que permitió la incorporación de la santacruceña Roxana Reyes al Consejo de la Magistratura.
La posibilidad de una nueva disputa judicial agrega tensión a las negociaciones parlamentarias entre el Gobierno y sus aliados.
El Presupuesto 2027 también influyó en la falta de quórum
Las diferencias no se limitan a los biocombustibles y la Magistratura.
El tratamiento del Presupuesto 2027 también tuvo incidencia en la decisión de Provincias Unidas de no participar de la sesión.
El bloque federal expresó su disconformidad con el dictamen de mayoría impulsado por La Libertad Avanza.
Según señalaron sus integrantes, la propuesta oficial “dejó gusto a poco”, porque no incorporó distintos reclamos planteados durante las negociaciones.
En ese contexto, consideraron inconveniente facilitar una sesión cuando todavía persisten diferencias sobre el proyecto presupuestario que el Gobierno pretende llevar al recinto la próxima semana.
“Si les dieron menos de lo que pedían a sus socios, era mal síntoma sentarse hoy y allanar el camino a la media sanción del Presupuesto la semana que viene”, explicaron desde el espacio.
Provincias Unidas presentó este martes un dictamen alternativo con modificaciones sobre el destino de los recursos nacionales.
Entre sus principales propuestas figuran:
- Universidades: incrementar los fondos destinados al sistema universitario.
- Obra pública: ampliar las partidas presupuestarias para infraestructura.
- Discapacidad: garantizar recursos para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
- Impuesto a los Combustibles: reducirlo un 35% para aliviar los costos del transporte público en el interior del país.
- Cajas previsionales: asegurar el cumplimiento de las deudas nacionales con los sistemas jubilatorios provinciales.
- Plan Remediar: restituir el programa de provisión de medicamentos.
Estos puntos forman parte de las condiciones que el bloque pretende incorporar a la discusión presupuestaria.
Otras ausencias que terminaron de frustrar la sesión
Aunque la decisión de Provincias Unidas fue determinante, otros bloques y legisladores tampoco contribuyeron a reunir el quórum.
Los dos diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), habitualmente aliados del Gobierno, no participaron y argumentaron diferencias con aspectos de la reforma electoral.
También se ausentaron los tres legisladores catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, quienes, según las versiones conocidas, mantienen objeciones a la Ley Malvinas.
A ellos se sumó Álvaro González, del PRO.
Por otra parte, la diputada libertaria Rocío Bonacci tampoco llegó al recinto porque perdió su vuelo desde Santa Fe.
La combinación de estas ausencias dejó al oficialismo sin el número necesario para iniciar la sesión.
El resultado evidenció las dificultades de La Libertad Avanza para sostener acuerdos con distintos sectores parlamentarios cuando existen diferencias sobre iniciativas específicas.
La tensión con Provincias Unidas adquiere especial relevancia por la cercanía del debate del Presupuesto 2027, una de las principales prioridades legislativas del Gobierno.
Por ahora, el bloque federal mantiene sus reclamos por la ley de biocombustibles, la representación en el Consejo de la Magistratura y la distribución de recursos prevista para el próximo año.

