Caso Ludueña: Hacemos presiona por Ferrero y la UCR rechaza la comparación con Flores
La orden de detención contra un empleado de planta permanente que cumplía tareas en el bloque radical profundizó la pelea política en la Unicameral. Legisladores oficialistas pidieron responsabilidades y el radicalismo sostuvo que no hay puntos de comparación con el antecedente de Ramón Ernesto Flores.
La orden de detención contra Omar Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura de Córdoba que cumplía tareas administrativas en el bloque de la UCR y está acusado de abuso sexual, profundizó la tensión política en la Unicameral.
Sectores del oficialismo provincial salieron a reclamar responsabilidades y apuntaron contra la legisladora radical Alejandra Ferrero. Desde el radicalismo rechazaron la comparación con el caso de Ramón Ernesto Flores y marcaron diferencias entre ambas situaciones.
El presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, fue uno de los primeros en cuestionar a la bancada radical.
“Durante días algunos radicales se creyeron fiscales, jueces y dueños de la moral. Señalaron, condenaron y exigieron expulsiones, suspensiones y hasta juicio político antes de que la Justicia se pronunciara”, advirtió.
“Ahora los estamos observando, mientras quedan frente al reflejo del espejo que ellos mismos construyeron. Porque cuando uno pasa demasiado tiempo repartiendo agua bendita, llega un momento en que también tiene que enfrentar su doble y escurridiza moral”, agregó.
La comparación con el caso Flores
La discusión dentro del oficialismo pasa ahora por saber si la bancada avanzará con un pedido de apartamiento o suspensión contra Ferrero, tal como la UCR exigió en el caso del entonces legislador Ramón Ernesto Flores.
Aquel antecedente se produjo cuando José Villarreal, asesor de Flores, fue detenido en el marco de una causa por grooming y abuso infantil.
Uno de los dirigentes más duros fue el legislador justicialista Marcelo Eslava, con militancia en el peronismo del norte cordobés junto a Flores, quien sostuvo que Ferrero debería renunciar.
“La vara no es igual para todos. Estos delitos son una barbaridad. A Flores lo mataron. Nosotros vamos a ir a fondo. No puede ser que sigan diciendo que los peronistas somos los corruptos. ¿Ellos qué dicen ahora?”, se preguntó el legislador.
Los reclamos del oficialismo
Las críticas también se multiplicaron en redes sociales. Al menos 10 legisladores justicialistas se expresaron en la misma línea que Torres.
“Sería importante que la Unión Cívica Radical aplique la misma vara que utilizó en su momento frente al caso Villarreal. Si entonces consideraron que existía una responsabilidad moral del legislador en cuestión, hoy deberían sostener el mismo criterio y analizar con igual rigurosidad la responsabilidad moral de la legisladora Alejandra Ferrero”, sostuvo Leonardo Limia.
La legisladora justicialista Ileana Quaglino también apuntó contra Ferrero, pero además mencionó al exdiputado Rodrigo de Loredo y a la concejala Elisa Caffaratti.
Según la información difundida, Ludueña ingresó durante el paso de Caffaratti por la Legislatura en 2011 y desde 2015 quedó como empleado de planta permanente, cumpliendo tareas en el bloque de la UCR.
“Háganse cargo. Es muy fácil hablar, señalar y condenar cuando el problema apunta hacia afuera, pero la verdadera convicción se demuestra cuando los hechos ocurren en las propias filas. La moral selectiva y el oportunismo para sacar rédito dejan en evidencia a quienes pasaron demasiado tiempo repartiendo juicios ajenos y ahora evaden enfrentar su propia coherencia”, dijo Quaglino.
También la justicialista Cristina Pereyra, de la seccional cuarta, donde Ludueña militaba para la UCR, habló de renuncias.
“Ahora estarán pidiendo la expulsión de la legisladora y la concejal involucradas y responsabilidades al presidente del bloque, ¿no? Cuando se trataba del peronismo, la responsabilidad era para todos. A ver si sostienen la misma vara ahora que el problema está en sus filas”, lanzó.
La respuesta radical
En el bloque de la UCR, la reacción del oficialismo generó malestar y conversaciones internas.
El radicalismo buscó remarcar que, a su entender, no existe punto de comparación entre la situación de los asesores apartados de Flores, uno de ellos detenido por abuso infantil, y el caso de Ludueña.
La diferencia que plantean desde la bancada radical es que Ludueña es empleado de planta permanente de la Legislatura y no un asesor político designado directamente por un legislador.
El presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich, rechazó la comparación y defendió el accionar de Ferrero y Caffaratti.
“No somos iguales. No hay nada que comparar. Ante una denuncia dolorosa, Ferrero y Caffaratti hicieron exactamente lo que debe hacer cualquier funcionario público: denunciaron, contactaron a la víctima, se pusieron a disposición de la Justicia, hicieron visible la situación y reclamaron medidas ante la Legislatura”, dijo.