Córdoba adecuará su ley penal juvenil y bajará a 14 años la edad de responsabilidad
La Unicameral tratará este miércoles los cambios a la Ley 11.035 para incorporar el nuevo régimen nacional. El proyecto adapta el procedimiento provincial para adolescentes de entre 14 y 18 años.
La Legislatura de Córdoba aprobará este miércoles la adecuación de la Ley Procesal Penal Juvenil provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que comenzará a regir desde el 9 de septiembre.
La principal modificación será la incorporación de adolescentes desde los 14 años al sistema de responsabilidad penal juvenil.
El debate en el recinto se concentrará en el expediente 47297/L/26, que propone modificar y derogar artículos de la Ley provincial 11.035 de Procedimiento Penal Juvenil.
El proyecto fue presentado por las legisladoras justicialistas Doris Mansilla, Julieta Rinaldi, Stella Peralta y Luciana Presas; el socialista Matías Chamorro; y los radicales Mauricio Jaimes y Brenda Austin.
La necesidad de reformar la normativa cordobesa surge a partir de la sanción de la Ley Nacional 27.801, que establece un esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.
Este martes, legisladores provinciales se reunieron en comisión para avanzar con el tratamiento de los cambios. Del encuentro conjunto de las comisiones de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; y de Seguridad participó la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero.
Qué establece la ley provincial
El sistema provincial contempla la actuación de jueces, fiscales y defensores especializados en materia penal juvenil.
La Ley 11.035 regula actualmente en Córdoba el procedimiento aplicable a adolescentes involucrados en causas penales y establece la intervención de organismos judiciales especializados.
También incluye medidas destinadas al abordaje integral de los adolescentes que atraviesan un proceso judicial.
La normativa prevé medidas socioeducativas, mecanismos de justicia restaurativa y distintas alternativas de intervención, con el objetivo de evitar que la privación de la libertad sea la respuesta principal ante un conflicto con la ley penal.
Dentro de ese esquema se consideran aspectos vinculados con la educación, la situación familiar y social del adolescente y su acompañamiento durante el proceso.
Sin embargo, el marco provincial fue aprobado bajo un régimen nacional distinto al que comenzará a regir en septiembre. Por eso, la Legislatura deberá compatibilizar la ley cordobesa con las nuevas disposiciones nacionales.
Qué cambia con el régimen nacional
Uno de los puntos centrales de la Ley Nacional 27.801 es la edad de responsabilidad penal juvenil.
El nuevo régimen establece que podrán quedar alcanzados por un proceso penal los adolescentes desde los 14 años.
Hasta ahora, el régimen nacional vigente fijaba el límite de punibilidad en los 16 años.
Ese cambio obliga a las provincias a adaptar sus procedimientos judiciales y administrativos para atender causas que involucren a adolescentes de 14 y 15 años dentro de un sistema penal especializado.
La legislación nacional establece además que el proceso debe tener un enfoque orientado a que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos y favorezca su educación, resocialización e integración social.
También contempla sanciones y medidas alternativas a la prisión, entre ellas programas educativos, tareas comunitarias, tratamientos, restricciones y mecanismos de supervisión.
La privación de la libertad, como último recurso
Otro de los principios del nuevo régimen es que la privación de la libertad deberá aplicarse de manera excepcional.
El encierro, tanto preventivo como en cumplimiento de una pena, tendrá que utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
La normativa también exige garantizar condiciones vinculadas con educación, atención sanitaria y psicológica, capacitación y actividades destinadas a favorecer la posterior reinserción social.
Equipos especializados
La nueva legislación refuerza la intervención de equipos interdisciplinarios durante el proceso penal juvenil.
Profesionales de áreas como psicología, trabajo social, educación y otras disciplinas tendrán participación en el seguimiento y evaluación de los adolescentes.
El objetivo es que las decisiones judiciales no contemplen únicamente el delito cometido, sino también las condiciones personales, familiares, educativas y sociales de cada adolescente.
El desafío para Córdoba
Con la entrada en vigencia del régimen nacional prevista para el 9 de septiembre, Córdoba deberá definir cómo incorporará esas disposiciones a su estructura judicial.
El proyecto que llegará al recinto apunta a realizar esa adecuación mediante cambios en los artículos de la Ley 11.035 que resulten incompatibles con la nueva legislación nacional.
La aprobación permitirá adaptar el procedimiento penal juvenil provincial al nuevo marco legal y preparar al sistema judicial cordobés para intervenir en causas que involucren a adolescentes desde los 14 años.