Córdoba debate bajar la imputabilidad a 14 años y ampliar derechos de las víctimas
La Unicameral comenzará a tratar en comisiones una reforma de 29 artículos para adecuar la ley provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil. El objetivo es llevarla al recinto el 26 de agosto.
La Legislatura de Córdoba iniciará el debate de un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y ampliar la participación de las víctimas en causas penales juveniles.
La iniciativa busca modificar la ley provincial 11.035 para adecuar el esquema procesal local al nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso de la Nación. El texto cuenta con firmas de legisladores de distintos bloques y surgió de una mesa interinstitucional integrada por representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General, la Defensa Pública, la Senaf, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, especialistas universitarios y referentes políticos.
El punto de mayor impacto político es que, de aprobarse, el fuero especializado podrá procesar a adolescentes desde los 14 años, en lugar de la barrera actual de 16.
La modificación responde a la Ley Nacional N° 27.801 y apunta a que Córdoba llegue con su normativa adaptada antes de la entrada en vigencia plena del nuevo ordenamiento federal, prevista para septiembre.
El debate comenzará en comisiones
El titular de la comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, confirmó que el tratamiento formal comenzará de manera conjunta con la comisión de Niñez.
“Hay un trabajo previo de una mesa interinstitucional donde participaron oficialismo, oposición, el Poder Judicial y la Senaf. Este proyecto tomó estado parlamentario tras meses de labor y es una base muy sólida que nos permitirá avanzar en las próximas semanas”, destacó el legislador oficialista.
La intención del oficialismo y de los bloques que acompañan la iniciativa es avanzar con el análisis del texto durante las próximas semanas y llevarlo al recinto el 26 de agosto.
La legisladora radical Brenda Austin también valoró el consenso técnico alcanzado y remarcó la necesidad de garantizar recursos para la implementación territorial.
“La iniciativa tiene el respaldo de expertos que abordan a diario la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal”, señaló.
“El cambio nacional obliga a Córdoba a prepararse, tener una buena ley y garantizar que la Senaf cuente con los recursos para intervenir, tanto en las medidas previas como en los centros de detención cuando esta sea el último recurso”, declaró.
Más rol para las víctimas
Otro de los ejes de la reforma es la incorporación de nuevas garantías para las víctimas de delitos cometidos por menores.
En línea con la “Ley Joaquín”, el proyecto les reconoce el derecho a contar con asistencia jurídica gratuita, recibir información en lenguaje claro y ser escuchadas en instancias clave del proceso.
Entre esos momentos figuran la concesión de salidas transitorias o el cese de medidas cautelares.
La propuesta también ratifica que la privación de la libertad debe ser utilizada como último recurso.
Además, fija como tope punitivo la escala correspondiente a la tentativa, lo que implica reducir la pena del delito consumado de un tercio a la mitad.
Medidas alternativas y monitoreo
El proyecto incorpora herramientas alternativas para el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Entre ellas aparecen el acompañamiento comunitario, reglas de conducta en territorio, mediación penal, dispositivos de monitoreo remoto y pautas de conexidad cuando en un mismo delito intervengan adultos y menores.
Con esos cambios, la Unicameral buscará ordenar el funcionamiento del fuero penal juvenil frente al nuevo marco nacional y sumar garantías procesales que hasta ahora no estaban previstas en la legislación provincial.