Schiaretti y los diputados de Llaryora presentaron un plan para refinanciar las deudas de las familias
La iniciativa de Provincias Unidas propone créditos de hasta cinco años para personas con mora, con una tasa máxima del 7,5% anual más UVA y beneficios impositivos para reducir el costo financiero. El proyecto se discutirá junto a otras propuestas en Diputados.
En la previa del debate en la Cámara de Diputados por la morosidad de las familias, legisladores cordobeses alineados con el gobierno de Martín Llaryora presentaron un proyecto para crear un programa nacional de refinanciación destinado a personas con atrasos en préstamos bancarios, tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento.
La iniciativa fue firmada por el exgobernador Juan Schiaretti y los diputados Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, junto con la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, y el rionegrino Sergio Capozzi.
El proyecto propone créditos de hasta 60 meses, una tasa máxima del 7,5% anual más UVA y beneficios tributarios destinados a reducir los costos financieros. El objetivo es ofrecer una alternativa de pago a personas que se encuentran en situación de mora sin que el Estado asuma sus deudas privadas.
La propuesta se presentó después de que la oposición consiguiera avanzar en Diputados con la discusión de una solución para la morosidad familiar, una problemática que alcanza a casi seis millones de personas con atrasos en sus pagos en todo el país.
El expediente se suma a más de 70 iniciativas de diferentes fuerzas políticas que comenzarán a discutirse este martes en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor. Según el cronograma aprobado, la firma del dictamen está prevista para el 29 de septiembre.
Quiénes podrían acceder a la refinanciación
El proyecto crea un Programa Nacional de Refinanciación de Deudas Familiares en Mora dirigido a personas registradas en situación “2” o “3” en la Central de Deudores del Banco Central.
El mecanismo permitiría reemplazar las obligaciones existentes por un préstamo de mayor plazo y menor costo.
Los créditos serían otorgados por bancos que adhieran voluntariamente al programa y contarían con fondeo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
Cada préstamo se ajustaría por UVA, tendría una tasa máxima del 7,5% anual y podría cancelarse en un plazo de hasta cinco años.
La propuesta no contempla que el Estado absorba las obligaciones de los particulares. No habría subsidio de capital ni garantía estatal y el riesgo de los préstamos permanecería en los bancos o entidades financieras que participen.
Beneficios impositivos para bajar el costo
Uno de los ejes de la iniciativa es reducir los impuestos que inciden sobre el costo de las refinanciaciones.
El proyecto establece una exención del IVA sobre los intereses correspondientes a los créditos otorgados dentro del programa.
También invita a las provincias y los municipios a reducir o eliminar Ingresos Brutos, Sellos y tasas locales aplicables a esas operaciones.
La propuesta incorpora además obligaciones de transparencia para que las personas que accedan a la refinanciación puedan conocer la composición del costo de su nuevo préstamo.
El Banco Central deberá informar de manera clara la tasa de interés, el costo financiero total y qué proporción corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales.
“El problema son las tasas desproporcionadas”
Alejandra Torres defendió la iniciativa y sostuvo que el endeudamiento de los hogares no debe ser atribuido automáticamente a una conducta irresponsable.
“Lo que plantea el proyecto es que no hay un problema de deuda por irresponsabilidad. Tomar un crédito es parte de la dinámica de cualquier familia y motoriza el crecimiento, como ocurre en los países más desarrollados. El problema son las tasas desproporcionadas, por eso proponemos una salida donde cada parte hace su esfuerzo”, afirmó.
La diputada planteó además que la respuesta requiere la participación de distintos niveles del Estado y del sistema financiero.
Torres indicó que la iniciativa propone “un trabajo en conjunto de todos los sectores” y que “el rol del Estado acá es clave: financiando con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y baja el costo del crédito eliminando el IVA e invitando a municipios y provincias a sacar sus tasas”.
La propuesta de Provincias Unidas ingresará ahora en una discusión que reúne decenas de proyectos sobre morosidad y endeudamiento familiar y que tendrá como próxima instancia el debate en las comisiones de Diputados.