UEPC cruzó a Nación por las inspecciones en escuelas durante los paros docentes
El gremio sostuvo que el Ministerio de Capital Humano no tiene facultades para controlar establecimientos cordobeses y advirtió que la medida busca limitar el derecho constitucional a la huelga.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba rechazó el anuncio del Ministerio de Capital Humano de la Nación para realizar inspecciones en establecimientos educativos durante medidas de fuerza sindicales.
Desde el gremio cuestionaron la decisión del Gobierno nacional y afirmaron que se trata de un intento de condicionar el derecho a la huelga docente, reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La medida anunciada por Nación apunta a controlar el cumplimiento de un régimen de “servicio esencial” en las escuelas durante los paros.
Frente a esa disposición, la UEPC expresó su “más enérgico rechazo” y sostuvo que la iniciativa afecta garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
El planteo del gremio docente
La organización remarcó que el derecho de huelga también cuenta con respaldo en los Convenios N.° 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
Según señaló la UEPC, esos convenios forman parte del bloque de constitucionalidad argentino y protegen la actividad sindical de los trabajadores.
El gremio también recordó que la propia OIT determinó que la educación no puede ser considerada, de manera general, como un servicio esencial que habilite la restricción del derecho de huelga.
Por ese motivo, la entidad consideró que las inspecciones anunciadas por el Ministerio de Capital Humano representan un avance sobre derechos laborales reconocidos constitucionalmente.
El argumento jurisdiccional
Otro de los puntos centrales del rechazo fue la competencia sobre el sistema educativo cordobés.
La UEPC sostuvo que la educación depende de la Provincia y que los docentes, tanto del ámbito estatal como privado, mantienen una relación laboral regulada por leyes y autoridades provinciales.
En ese marco, el sindicato afirmó que el Ministerio de Capital Humano de la Nación “carece de facultades” para inspeccionar, controlar o aplicar sanciones a trabajadores del sistema educativo provincial.
La entidad advirtió que no aceptará reemplazar el diálogo paritario por mecanismos de presión o amenazas.
Además, ratificó que continuará utilizando las herramientas legales y constitucionales disponibles para defender los derechos de los trabajadores de la educación.