Caso $LIBRA: dos ONG piden anular el sobreseimiento de Milei y de Karina porque el fiscal y el juez no escucharon a las víctimas
Inecip y Cipce reclamaron ante el fiscal general Agüero Iturbe que se anule la resolución del 23 de octubre, dictada un día después del dictamen de Taiano. Denuncian que no se cumplió el mecanismo de revisión que garantiza a las víctimas el derecho a oponerse.
Dos organizaciones que participan como amicus curiae en la causa por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA solicitaron al fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, que impulse la nulidad de los sobreseimientos del presidente Javier Milei y de los otros diez imputados. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) argumentaron que el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi omitieron cumplir normas que garantizan a las víctimas el derecho a ser escuchadas y a solicitar la revisión de una decisión que pone fin a la persecución penal.
El planteo, firmado por Julián Alfie y Pedro Biscay, sostiene que ni las querellas, cuya exclusión del expediente está recurrida ante Casación, ni las propias organizaciones fueron notificadas de que Taiano promovería los sobreseimientos, y que tampoco tuvieron oportunidad de expresar su posición antes del pronunciamiento fiscal. Según remarcaron, Taiano presentó su dictamen el 22 de octubre y Martínez de Giorgi lo acogió al día siguiente, sin que se cumpliera el trámite previsto en la resolución 41/23 de la Procuración General de la Nación, que establece un plazo de diez días para que las víctimas manifiesten su oposición fundada y permite que un fiscal superior revise la decisión. La actuación del fiscal, advirtieron, también contradice la ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas de delitos y el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal.
“Entendemos que en el caso concreto se ha configurado un vicio de procedimiento que obliga al fiscal de cámara a exigir su reparación ante la alzada del fuero, quien deberá ordenar, sin más, la nulidad de la decisión judicial dictada el 23 de octubre”, indicaron Alfie y Biscay. Las ONG pidieron además que se ejerza el control de convencionalidad, citaron el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sostuvieron que la ciudadanía puede ser considerada víctima de la corrupción institucional. También afirmaron que una presunta trama de corrupción exige evaluar las pruebas indiciarias en conjunto y que el expediente contenía cuestiones que debían profundizarse antes de adoptar una decisión definitiva. El pedido quedó en manos de Agüero Iturbe y fue remitido también al procurador general, Eduardo Casal.