Tenso regreso de la Legislatura: el PJ giró a comisión el pedido de licencia contra Ferrero y la oposición lo acusó de paralizar las sesiones
Por tercera vez el oficialismo llevó el tema al recinto, pero esta vez pidió el pase a comisión sin debate. Nueve bloques opositores respondieron con un comunicado: “Gobernar también es hacerse cargo de lo que se impide hacer”. La sesión también aprobó la Semana de los Clubes Deportivos.
La Legislatura de Córdoba volvió a sesionar tras casi dos meses de parálisis y lo hizo en un clima de fuerte tensión. El eje fue el pedido de licencia contra la legisladora radical Alejandra Ferrero, que el justicialismo llevó al recinto por tercera vez consecutiva. En esta oportunidad, el oficialismo no abrió el debate: solicitó directamente el pase a comisión, que fue aprobado por mayoría.
El planteo fue impulsado por el legislador Leonardo Limia, quien cuestionó a Ferrero por una supuesta doble vara en sus dichos, a raíz del apartamiento de su oficina de Omar Ludueña, empleado de planta de la Legislatura acusado de abuso sexual. “Ya en comisión hubo un debate, sacamos un despacho y es conveniente seguir tratando en comisión”, sostuvo Limia al pedir el cierre del debate.
Tras esa maniobra, los bloques opositores difundieron un comunicado firmado por la UCR, el Frente Cívico, el PRO, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, el Partido Demócrata, Izquierda Socialista en el FIT-Unidad y Valores Republicanos. “El oficialismo deberá explicar por qué utilizó este tema para mantener a la Legislatura sin sesionar durante casi dos meses, si finalmente termina haciendo lo que ayer rechazaba. Su marcha atrás no recupera el tiempo perdido”, expresaron.
Aunque el expediente quedó en comisión, la discusión reapareció durante toda la sesión. El radical Miguel Nicolás calificó el proyecto de Limia de “ridículo” y de “vergüenza”, y pidió explicaciones por dos contratados nombrados por el exlegislador justicialista Ernesto Ramón Flores, Ariel y Mario Rodríguez. “Quieren callar a la Legislatura, quieren hacer callar a la oposición. Que la comisión no sea una unidad básica”, disparó. Desde el PJ, Abraham Galo acusó a los radicales de “patoteros” y sostuvo que “sabían que un empleado de la Legislatura estaba imputado y no dijeron nada”, mientras que Marcelo Eslava habló de un “mamarracho” y de falta de respeto. Algunos justicialistas deslizaron en los pasillos que la estrategia seguirá para sostener esa pelea y “levantar” a Rodrigo de Loredo por sobre Gabriel Bornoroni.
Ferrero respondió más tarde, al defender un proyecto de solidaridad con el presidente español Pedro Sánchez y con los medios de comunicación: “Exijo respeto por los medios de comunicación y respeto con este Parlamento, claridad en los planteos y con intensidad en las diferencias”.
La tensión alcanzó también a los pedidos de informes del legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda. Uno de ellos apuntó a los dos subsidios que la Provincia habría entregado a Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, a través de un subprograma de emergencia social. “Cuáles fueron los requisitos para una persona que tenía antecedentes penales y cobraba un sueldo de la Municipalidad de Córdoba”, preguntó. El oficialista Mariano Lorenzo respondió que ya se habían contestado los tres pedidos de informes sobre el caso. En otro proyecto, Hernández Maqueda consultó por el presupuesto y los gastos reservados del jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y Facundo Torres, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, replicó que “toda la información fue especificada en el decreto de creación de la Jefatura”.
En un tono más conciliador, el legislador del PRO Oscar Agost Carreño pidió “bajar los decibeles” y abordar con consenso un protocolo de ingreso de personal que incluya registros de reincidencia y antecedentes, al referirse a los casos de contratados con causas judiciales en el PJ y al de Ludueña en la UCR. Junto con el radical Carlos Carignano, impulsó además un pedido para instruir a los legisladores nacionales por Córdoba a no acompañar artículos del Presupuesto Nacional 2027 que impliquen retrocesos en derechos y coberturas para las personas con discapacidad, que fue aprobado.
Por último, el cuerpo sancionó la ley que instituye la Semana Provincial de los Clubes Deportivos, que se celebrará durante la tercera semana de octubre de cada año. El proyecto, presentado por Limia y Patricia Bota, reconoce el papel de estas instituciones en la vida social de la provincia.