Llaryora envió la ley antibúnker: también alcanzará edificios abandonados usados para delitos

El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura un proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos que amplía las herramientas del Estado para actuar sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas. La iniciativa no solo apunta a los espacios vinculados a la venta de drogas, sino también a edificios abandonados o deteriorados que puedan convertirse en focos de inseguridad.

Según informó la Provincia, la propuesta busca crear un régimen específico para intervenir propiedades utilizadas como búnkeres narco, aguantaderos o guaridas del delito, además de inmuebles desocupados que faciliten hechos ilícitos o representen riesgos para la comunidad.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que permitirá coordinar acciones entre la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), los municipios y el Gobierno provincial. Además, parte de los bienes decomisados serían destinados al financiamiento de la propia FPA.

La iniciativa contempla mecanismos de intervención temprana mediante constataciones, informes técnicos y resoluciones administrativas. Entre las medidas posibles aparecen el cerramiento, tapeado, clausura preventiva, bloqueo de accesos y otras acciones destinadas a impedir la utilización de esos espacios para actividades ilegales.

Cuando existan causas vinculadas al narcotráfico o situaciones de mayor complejidad, será la Justicia la encargada de disponer medidas más profundas, como desalojos, demoliciones o la restitución de inmuebles a sus propietarios legítimos. En ese marco, uno de los casos que podría encuadrarse dentro de la nueva normativa es el del edificio conocido como "La Mole", en barrio Observatorio, que fue desalojado y posteriormente tapiado por razones de seguridad.